El negocio oscuro de la música en Colombia: entre monopolios, reventas y justicia cooptada
En Colombia, el negocio de la música y los espectáculos en vivo se encuentra atrapado en una compleja red de intereses, vacíos legales y prácticas que, aunque muchas veces bordean la ilegalidad, han sido toleradas o incluso protegidas por las propias instituciones encargadas de regular el sector.
SAYCO, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, es el ejemplo más visible de cómo la gestión colectiva de derechos puede convertirse en un terreno fértil para el abuso de poder y la opacidad. La entidad, que opera bajo la autorización de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), ha sido sometida a investigaciones y sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio debido a prácticas como el abuso de posición dominante, la imposición de contratos de adhesión que obligan a los autores a ceder en bloque la gestión de sus derechos patrimoniales y la obstrucción de la libre gestión individual de los mismos. Estas conductas, lejos de ser corregidas de raíz, persisten gracias a la débil respuesta institucional, la DNDA aunque ha sometido a SAYCO a medidas de control por “situaciones críticas de orden jurídico, económico, administrativo y contable” nunca ha llegado a intervenir la sociedad ni ha nombrado un gerente interventor, limitando su acción a advertencias y llamados a la autorregulación. En la práctica, esto significa que los propios administradores de SAYCO siguen manejando los recursos y las decisiones que afectan a miles de compositores y músicos, mientras las irregularidades se acumulan y la transparencia sigue siendo una promesa incumplida.
El problema no termina ahí, el sistema de boletería para conciertos y espectáculos en Colombia es otro terreno minado por la falta de regulación efectiva y la permisividad frente a prácticas que perjudican tanto a los artistas como al público. La reventa de boletas, por ejemplo, es legal siempre que no se trate de cortesías, pero en la realidad funciona como un mercado paralelo donde la especulación y el fraude son moneda corriente. Plataformas como Viagogo operan en una zona gris, aunque permiten la reventa, lo hacen a precios que son exorbitantes sin regulación alguna, boletos de $300.000 pueden llegar a superar los $2.000.000. Los revendedores utilizan múltiples perfiles y bots para acaparar entradas en cuestión de segundos agotando la boletería oficial y revendiendo a precios que pueden multiplicar varias veces el valor original, una práctica que aunque raya con la usura y ha sido advertida por la Superintendencia de Industria y Comercio, rara vez termina en sanciones efectivas. El Código Penal sanciona la usura, pero la reventa en sí misma no está prohibida y las plataformas digitales se deslindan de responsabilidad alegando que solo son intermediarios.
En este contexto, los músicos y compositores no solo deben enfrentarse a la opacidad y las prácticas restrictivas de SAYCO, sino también a un sistema de espectáculos donde la especulación y el abuso son tolerados por la falta de regulación clara y la inacción de las autoridades. La DNDA, que debería ser garante de los derechos de los creadores pero ha optado por una postura pasiva que muchas veces sa la impresión de ser más un omplice, limitándose a controles formales y evitando intervenciones de fondo que puedan afectar el statu quo de SAYCO. Así, la protección institucional termina favoreciendo a quienes manejan el negocio desde hace décadas, mientras los verdaderos protagonistas de la música colombiana siguen esperando una gestión justa, transparente y acorde con los principios que dicen defender las leyes.
La combinación de prácticas abusivas en la gestión colectiva de derechos y la permisividad frente a la especulación en la boletería de conciertos es el reflejo de un problema mayor: la incapacidad del Estado para garantizar reglas claras, equitativas y efectivas en el sector cultural. Los escándalos se repiten, las investigaciones se acumulan y las sanciones, cuando llegan, son insuficientes para cambiar una realidad donde la corrupción y la impunidad parecen estar siempre un paso adelante de la justicia y la transparencia. Mientras tanto, la música y el espectáculo en Colombia siguen siendo un negocio próspero, pero profundamente desigual, donde los intereses de unos pocos se imponen sobre los derechos de muchos.
La lucha contra la corrupción en instituciones como SAYCO, Rock al Parque y otras entidades del sector cultural en Colombia se topa sistemáticamente con un muro de impunidad, vetos silenciosos y un sistema judicial cooptado por intereses económicos y políticos. Las denuncias de artistas, promotores y ciudadanos suelen quedar en el vacío debido a una maquinaria que privilegia el poder de unos pocos sobre los derechos de muchos.
SAYCO ha sido sancionada en múltiples ocasiones por abuso de posición dominante, incluyendo una multa de $1.378 millones en 2022 por obligar a los autores a ceder la gestión total de sus derechos, limitando la libre competencia. Sin embargo, la entidad sigue operando como un monopolio, gracias a la protección de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), que evita intervenciones profundas y se limita a controles formales. Los autores que exigen transparencia en la distribución de regalías o denuncian cobros ilegítimos son marginados: sus reclamos son archivados, sus proyectos artísticos vetados en festivales y su acceso a espacios de decisión, bloqueado.
Lo mismo sucede con los festivales públicos que cientos de veces se han denunciado por actos de deshonestidad y corrupción que en algunos casos han sido demostrados por diversas visitas fiscales a los mismos, pero también se lavan las manos diciendo que los corruptos son solo “contratistas” y todo queda en el limbo
La música es solo otra víctima del sistema judicial colombiano que está minado por la corrupción, como lo confirman informes de Transparencia Internacional y estudios locales, 5.75% de los usuarios de juzgados admitieron haber pagado sobornos para agilizar trámites o influir en decisiones. Magistrados de la Corte Suprema han sido investigados por manipulación de procesos a cambio de dinero, evidenciando redes de cooptación en altas esferas.
La Fiscalía ha documentado casos donde abogados y exfuncionarios actuaron como intermediarios para comprar fallos favorables a empresas o políticos, estas prácticas explican por qué las demandas contra SAYCO o festivales como Rock al Parque rara vez prosperan: los procesos se alargan, las pruebas “desaparecen” o los jueces son presionados para archivar casos. Además, los denunciantes enfrentan temor a represalias, desde despidos laborales, vetos, ataques públicos en redes sociales y hasta amenazas físicas, en un país donde la violencia sigue siendo un instrumento de control.
La DNDA, encargada de supervisar a SAYCO, carece de independencia real, sus funcionarios suelen rotar entre cargos públicos y privados en el mismo sector, creando conflictos de interés. Por ejemplo, exdirectivos de SAYCO han ocupado puestos en el Ministerio de Cultura o en juntas directivas de festivales, lo que facilita el encubrimiento de irregularidades, mientras tanto, medios como Actualidad Panamericana -vinculado a poderes económicos- publican notas satíricas que ridiculizan a los denunciantes, desviando la atención pública de los escándalos y normalizando la impunidad como en el caso de las denuncias a Rock al Parque cuando el portal desacreditó al denunciante, el gobierno no castiga a los portales que publican noticias falsas sino que al contrario los contrata o los premia, como en el caso de Actualidad Panamericana.
Colombia es un sistema diseñado para proteger a los poderosos, casi todos corruptos, pero no es un país que “permita” la corrupción, es un territorio donde las estructuras de poder -judiciales, políticas y económicas- han sido diseñadas para proteger a quienes controlan los recursos. Las denuncias ciudadanas chocan contra un entramado de leyes ambiguas, funcionarios corruptos y medios cómplices y hasta que no se desmonten estas redes de complicidad y se fortalezcan mecanismos independientes de veeduría, las voces de los ciudadanos seguirán ahogándose en un pantano de impunidad.
Pero parece a nadie importarle y al contrario los intentos de controlar y crear una ley de la música en Colombia no solo han tratado de favorecer a los corruptos sino que a pesar de eso han fracasado.
