Precios de Suiza, sueldos de Bangladesh: Ni los perros comen bien en Colombia.
Colombia ha alcanzado un punto de quiebre, el costo de vida en las grandes ciudades se ha disparado hasta niveles propios de Londres o Nueva York, mientras el salario mínimo languidece en cifras de hace décadas. El más reciente informe del DANE revela que una familia de cuatro miembros necesita superar los 10 millones de pesos mensuales para cubrir la canasta básica sin lujos —y rozar los 12 millones si se incluyen servicios esenciales—, un nivel de gasto que condensa precios internacionales con ingresos de país subdesarrollado. Sin embargo, el salario mínimo legal, que apenas llega a 1 423 500 pesos (323 dólares) y el ingreso promedio de los hogares, que ronda los 2 millones de pesos, dejan un agujero presupuestario mensual de más de 8 millones de pesos. Es la diferencia entre vivir como persona y sobrevivir como perro.
En Bogotá, la capital que presume de dinamismo económico, alquilar un apartamento modesto de dos habitaciones cuesta entre 2,5 y 3 millones de pesos al mes —casi dos salarios mínimos completos—. Comprar alimentos básicos para una familia de cuatro se lleva otros 3 millones: arroz, fríjol, pollo, leche y verduras con precios equiparables a los de supermercados de Manhattan. Los servicios públicos, el transporte urbano y las cuotas de salud suman otros 4 o 5 millones. Si a esto se le adiciona la necesidad de clases particulares para paliar la mala calidad de la educación pública o el pago de una enfermería privada por cualquier contratiempo médico, cualquier colchón de emergencia se desvanece en un par de facturas.
Y no es un fenómeno aislado de la capital. En Medellín, Cali o Barranquilla, las cifras son ligeramente inferiores en montos absolutos, pero mantienen la misma lógica perversa: salarios míseros frente a precios de ciudades de primer mundo. El DANE confirma que en las 13 principales ciudades del país el umbral de la supervivencia para una familia de cuatro supera los 10 millones de pesos en todos los casos, y los 12 millones en Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. El resultado es que quienes viven con un solo ingreso —o incluso con dos sueldos mínimos— están condenados a la pobreza estructural.
Esta brecha no es fruto de la casualidad ni de errores estadísticos. Es la expresión de un sistema económico que exige productividad y estándares de consumo globales, pero remunera con salarios equivalentes a los de países de bajo desarrollo. Los dueños de supermercados importan productos a precio de Europa y Estados Unidos, los venden con márgenes de ganancia comparables a los de cadena internacional, y pagan a sus empleados un cuarto de sueldo de los mismos países que sirven de referencia. Las tiendas de ropa exhiben marcas de lujo en vitrinas relucientes, pero sus vendedores subsisten con lo que debería ser un salario de becario, no de profesional.
El Estado, lejos de corregir esta aberración, la valida. El aumento anual del salario mínimo nunca supera la mitad de la inflación real; mientras el DANE reporta un 10% de inflación, los precios de la canasta básica suben hasta 30% y los arriendos escalan sin control oficial. El ajuste mínimo legal del 9.54% para 2025 se celebra como victoria social, pero equivale a una migaja comparada con el encarecimiento de los alimentos y servicios. Los subsidios y auxilios estatales son parches que apenas alcanzan a cubrir una fracción de la brecha.
En el gran escenario regional, Colombia emerge como una distopía laboral. Costa Rica paga 725 dólares de salario mínimo, Chile 532 dólares, Uruguay 556 dólares; aquí se pagan 323 dólares y se cobran precios de países desarrollados. Los empresarios alaban los bajos costos de la mano de obra como muestra de “competitividad”, mientras millones de trabajadores pagan con jornadas extenuantes y desesperanza. La riqueza se produce y se acumula en una élite mínima, mientras la mayoría devenga salarios de miseria.
Las consecuencias sociales son terribles, cuando una familia destina más del 80% de sus ingresos a comer y pagar arriendo, no hay espacio para educación, salud, recreación o ahorro. Se crea un ciclo de pobreza heredada: la incapacidad de invertir en el futuro, en proyectos propios o en emprendimientos, condena a las siguientes generaciones a repetir el mismo drama, el colchón de emergencia es una ficción, una factura médica imprevista o una reparación del hogar convierte cualquier ahorro en deuda.
Colombia se ha convertido en el paraíso de los empresarios y el infierno de los trabajadores, un país donde se contrata mano de obra calificada a precios de Bangladesh, pero se venden productos y servicios a precios de Suiza, un lugar donde trabajar jornadas completas no garantiza salir de la pobreza ¿Es sostenible un modelo donde la supervivencia digna requiere cuatro o cinco salarios mínimos? ¿Qué dignidad puede haber en vivir como perro en un país que presume de crecimiento económico?
El informe del DANE, lejos de ser un simple conjunto de datos, es un llamado de atención, o se reequilibra la ecuación salarial y de precios, o la esclavitud económica seguirá siendo la norma. Mientras los medios celebren el “crecimiento” y las élites aplaudan los bajos costos laborales, millones de colombianos vivirán sometidos al capitalismo más despiadado: pagar precios globales con salarios de hambruna. Y esa contradicción profunda, esa insostenible desigualdad, es el verdadero crimen económico que hoy devora a Colombia.
Foto de portada: Colprensa
