La chica del título y el país que odia estudiar
Colombia es un país tan chistoso que el escándalo no es que los ministros improvisen políticas sin saber del tema, ni que los funcionarios lleguen por rosca o militancia, sino que una muchacha al parecer se graduó sin presentar el Saber Pro. El pecado mortal de la semana es una firma, un examen faltante y una universidad que, como todas, se hace la que no sabe cómo se filtró el error ¡oh que sorpresa!
Tenemos ministros de Minas que no saben de minas, de Educación que nunca han pisado un aula, de Cultura que creen que la cultura es una foto con Totó la Momposina. Pero eso sí, todo el país moralista, las redes en llamas, los periodistas hablando de “falsedad en documento público” como si hubieran descubierto la corrupción por primera vez.
Es muy cómico e irónico que los mismos que repiten que “los títulos no sirven”, que “la universidad no garantiza inteligencia”, son los que hoy crucifican a una pelada porque tal vez le falta presentar un examen. En este país el estudio no sirve, pero no tener diploma tampoco. Todo depende de quién seas, de si caes bien o si haces parte del combo correcto, el país está en los últimos puestos en calidad educativa y en los primeros en precios de la educación.
Los guerrilleros tienen más títulos que los gobernantes, los tecnócratas fingen ser del pueblo y los académicos sobreviven dictando clase por contrato de tres meses, no hay profesión más miserable que ser maestro en Colombia. Aquí el mérito no da poder; da hambre y los puestos se consiguen con favores o amistades. Pero eso sí, el error de una joven, que probablemente no es ni la primera ni la última en tener un trámite académico a medio camino, se vuelve el circo perfecto para tapar los otros escándalos del día.
Colombia es el país donde el fraude tiene varios diplomas y la decencia el contrato cancelado. Donde el que roba millones se hace influencer y el que se equivoca en un acta de grado es portada nacional. Un país donde la educación es un chiste, pero la hipocresía, una cátedra obligatoria.
Durante las últimas décadas, Colombia ha sido escenario de una cadena de escándalos relacionados con títulos falsos, estudios inflados y trámites académicos irregulares. El patrón se repite eternamente, titulares escandalosos, defensas institucionales ambiguas, investigaciones que avanzan lentamente y al final, ninguna transformación estructural. La educación, lejos de ser una herramienta de mérito, se ha convertido muchas veces en un adorno de poder o en una coartada para ascender dentro del aparato público.
En 2016, por ejemplo, estalló la polémica en torno a Enrique Peñalosa, entonces alcalde de Bogotá, cuando se descubrió que en su hoja de vida se le atribuían estudios de maestría y doctorado que en realidad no tenía. Él mismo reconoció después que se trataba de un malentendido, pues había cursado estudios en Francia, pero no un doctorado homologable en Colombia. La Fiscalía abrió investigaciones por presunta falsedad documental, y aunque la Procuraduría terminó archivando el caso, el episodio dejó al descubierto cómo se normaliza la práctica de inflar los perfiles públicos con títulos inexistentes o ambiguos, amparándose en “errores de redacción” o en la culpa de algún asistente.
Años más tarde, en 2023, el caso de Esteban Zabala, viceministro de la Creatividad, confirmó que el problema no era anecdótico. Zabala presentó documentación falsa para acreditar una maestría y, al ser descubierto, renunció de inmediato. El escándalo evidenció que incluso en los cargos técnicos del Estado, donde se supone que prima la preparación, se sostienen estructuras sobre papeles dudosos que solo se derrumban cuando los medios o la ciudadanía ponen la lupa.
Este fenómeno no se limita a individuos aislados. En 2022, la Fiscalía desarticuló una red que cobraba sumas millonarias por falsificar títulos universitarios y expedientes académicos completos. Era una operación con contactos, sellos, firmas y software para simular bases de datos oficiales. Este hallazgo demostró que no se trata de fraudes esporádicos sino de un mercado estructurado que responde a una demanda real: la de quienes buscan legitimarse sin esfuerzo en un país donde el mérito se mide más por el papel que por la capacidad.
Entre 2024 y 2025, múltiples secretarías de educación y la Procuraduría sancionaron a funcionarios y docentes que presentaron títulos falsos para obtener ascensos o cargos mejor remunerados. El problema es masivo: cientos de procesos se han registrado desde 2005 y la cifra crece con cada administración local. La trampa se repite y, en la mayoría de los casos, las sanciones se reducen a suspensiones temporales o destituciones sin repercusiones penales.
Y ahora, en 2025, el país asiste al más reciente capítulo de este circo institucional con el caso de Juliana Guerrero, candidata al viceministerio de Juventud. Su título de contadora pública quedó en entredicho luego de que los registros del ICFES y del SNIES no confirmaran que hubiese presentado el examen Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse. La Fundación Universitaria San José inició un proceso de anulación del título y la Fiscalía abrió una investigación por presunta falsedad documental. La polémica escaló hasta el propio presidente, que intentó minimizar el asunto mientras la prensa revelaba inconsistencias y la opinión pública se dividía entre la burla y la indignación.
Todos estos episodios, vistos en conjunto, no reflejan simples errores de administración, hay que abrir los ojos, todo esto revela un sistema corrupto por la negligencia, la impunidad y el clientelismo, donde la educación se instrumentaliza como trampolín político y el título se vuelve una moneda de cambio. Las consecuencias son bastante obvias, pérdida de legitimidad del Estado, erosión de la confianza en la meritocracia y desprestigio de la educación superior. La falsificación de títulos en Colombia no es una anécdota es el síntoma de un país donde el mérito importa menos que el favor y donde incluso la verdad académica puede comprarse, firmarse o inventarse.
