Colombia es un lugar muy particular, acá suceden cosas que ni en las mentes más retorcidas tienen razón de ser. El cuento dice que EPS Sanitas protege la salud de millones de colombianos, así debería ser… pero si nos vamos a los expedientes judiciales, los informes de los entes de control y sobre todo a las quejas eternas de pacientes, la realidad es otra. EPS Sanitas es una entidad que estira al límite la burocracia, dilata tratamientos esenciales y convierte las órdenes judiciales en chistes. Detrás de cada demora, de cada junta médica que dice “no”, hay cuerpos concretos que se deterioran, vidas que se apagan en la espera, historias que se archivan como simples radicados… la gente muere, muere esperando como lo hemos visto en tantas noticias, a la sombra de médicos soberbios y de un sistema burocrático que ya raya es en lo patético. Sin que nadie haga nada. Y pasa en otras, pero mi experiencia la redacto desde la que uso, el peor error que he cometido en mi vida.
Entre 2010 y 2019, en Colombia se registraron 364.113 muertes que según el Instituto Nacional de Salud pudieron haberse evitado si el sistema de salud hubiera actuado a tiempo ¡Miren esa cifra! Eso significa que de cada 100 personas fallecidas en ese periodo, 17 murieron por fallas en el acceso o en la calidad de la atención. El sistema, diseñado para salvar vidas, se convirtió en un filtro que decide quién llega a tiempo a un medicamento, una cirugía o una UCI y quién no.
En ese escenario, las EPS, Sanitas entre las principales, son las protagonistas. Los hallazgos de la Superintendencia de Salud sobre las entidades intervenidas, incluida la EPS Sanitas, hablan de sobrecostos, irregularidades en la contratación y un manejo ineficiente de los recursos que se convierten en muros mortales para los usuarios, la propia autoridad sanitaria advierte que esa forma de operar termina en diagnósticos tardíos de enfermedades crónicas en urgencias, cuando ya es demasiado tarde para un manejo adecuado.
Mientras los noticieros y las empresas se llenan la boca hablando de “gestión del riesgo en salud”, en la vida real es normal que un paciente pase meses sin controles, sin medicamentos o sin procedimientos y que la respuesta sea siempre la misma “No hay agenda”, “necesita autorizar”, “se venció la orden”, “el médico puso mal la fecha”, etc.
Para ellos los nombres no importan, los pacientes solo son números que pagan la mensualidad. En 2020, la prensa registró el caso de un niño que murió tras un “paseo de la muerte” asociado a demoras y trabas con EPS Sanitas, las órdenes judiciales que exigían su remisión especializada fueron ignoradas mientras su estado neurológico se deterioraba. La Defensoría del Pueblo intervino, pero el resultado llegó tarde para el menor. Su historia se sumó a una larga lista de fallecimientos donde la línea entre “falla administrativa” y responsabilidad directa es demasiado delgada pero que ya es tan normal que a nadie le importa, solo a quien pierde a la mamá, al hijo, al amigo.
En 2025 se hizo público el caso de una paciente con cáncer que falleció mientras Sanitas, una IPS y una droguería tercerizada aplazaban decisiones y autorizaciones. La hija denunció que solo hasta después de la muerte llegaron las aprobaciones para tratamientos y medicamentos que debieron haberse entregado meses antes. Se trataba de un cuadro oncológico que requería atención intensiva, pero el engranaje burocrático respondió con lentitud, crueldad y papeles.
En marzo de 2026, el caso fue con un hombre de 88 años que murió después de complicaciones por cálculos en la vesícula, luego de insistir varias veces en urgencias mientras la cirugía se aplazaba. La familia señaló a la EPS por demoras injustificadas en la intervención, en una situación donde cada día de espera aumentaba el riesgo. Lo que para los manuales internos puede ser “gestión de agenda”, para un cuerpo envejecido y frágil es una sentencia de muerte.
A todo esto, se suman denuncias de veedurías ciudadanas y organizaciones de pacientes que han pedido investigaciones formales contra Sanitas por presunta negligencia, alertando que hay usuarios sin médicos asignados, sin entrega de medicamentos esenciales y sin seguimiento adecuado de enfermedades crónicas. El modus operandi es clarísimo, la muerte no aparece como una decisión explícita, sino como el resultado “colateral” de no hacer lo que se debe, cuando se debe.
Y la justicia en este país es un chiste de mal gusto, la tutela es el último escudo del ciudadano frente a la arbitrariedad del sistema de salud. Cuando una EPS se niega a autorizar un medicamento, una cirugía o una valoración especializada, el paciente puede acudir al juez constitucional, que tiene la potestad de ordenar el servicio e incluso, sancionar por desacato a los responsables si no cumplen. Pero en la realidad las EPS sencillamente desacatan y cuando el paciente denuncia el juez no hace nada. Normal, es Colombia, el país de las putas y los sicarios, de la justicia ciega, en donde el riesgo es que te quedes… tremendo riesgo.
No hablo solo desde las cifras oficiales, ni desde la infinidad de casos registrados por las autoridades y la prensa, hablo como un paciente crónico harto hasta el vómito y afiliado a EPS Sanitas. Después de años de estar enfermo (En gran porcetaje por negligencia médica), de tener resistencia a la insulina, problemas psiquiátricos y un deterioro sostenido de mi salud, Opté por gastarme el alma y buscar tratamientos por parte de especialistas en España y Estados Unidos, donde los sistemas de salud consideraron evidente la necesidad de algunos medicamentos para evitar un desenlace fatal. Pero en mi paraíso, en el Edén, en la potencia mundial de la vida, es decir en Colombia, Sanitas se negó sistemáticamente a suministrarlos.
Interpuse una tutela. En primera instancia, el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá me negó la protección. Mi caso llegó al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil Especializada, que revocó el fallo y amparó mi derecho fundamental a la salud. El Tribunal fue claro, ordenó a EPS Sanitas realizar, en un plazo de 48 horas, una junta médica con un endocrinólogo para determinar los servicios y tecnologías en salud que el paciente necesitaba y si consideraba pertinente los medicamentos, prescribirlos y suministrarlos sin trabas administrativas adicionales.
Sobre el papel, la justicia había hablado. En la vida real, la guerra apenas empezaba.
Lo que siguió fue una coreografía calculada de cumplimiento aparente y negación material. La primera junta médica de Sanitas, realizada el 25 de octubre de 2024, se negó a prescribir el medicamento, sencillamente no se les dio la gana. No cuestionó la gravedad del caso ni la urgencia del tratamiento, sino que se refugió en un argumento burocrático. El mensaje fue brutal, que aunque exista un medicamento que puede cambiar el curso de la enfermedad, se prefería esconderse detrás de un vacío regulatorio.
Incumplieron la sentencia e interpuse un incidente de desacato contra EPS Sanitas S.A.S, denuncié no solo la negativa al medicamento ordenado, sino un patrón de maniobras que siempre usan, reprogramación de juntas médicas con los mismos especialistas que ya habían negado el fármaco, informes engañosos enviados al despacho judicial, reportes de entregas de medicamentos que, según sus facturas y testimonios, nunca recibió por vía de la EPS.
En el “Segundo anuncio de desacato” del 23 de enero de 2025, describí aun más la situación, tratamientos interrumpidos, órdenes que se vencen antes de ser autorizadas, medicamentos esenciales que debo pagar de mi propio bolsillo porque Cruz Verde, la droguería asociada no los entrega, dependencia inducida a benzodiacepinas sin aviso por parte de los médicos y un deterioro de mi salud que me tiene al borde del colapso. Les valió “huevo”, al juez no le importó, se pasó el desacato por su moral.
La justicia en este país es un teatro, es un instrumento para el que la pueda pagar, tenga amigos o sea una persona mediática y este mensaje es terrible ya que basta con montar la escenografía del cumplimiento —juntas, oficios, agendas, pantallazos— para neutralizar la herramienta del desacato. El paciente puede seguir enfermo, sin el medicamento clave, pagando de su bolsillo, viendo deteriorarse su cuerpo. La tutela se cumple “formalmente”, aunque el sufrimiento persista intacto. Y las autoridades… relajadas.
Y la historia es eterna, porque vivir en este país es una condena…
El día en que escribí este artículo fui a otra consulta, obediente al laberinto de remisiones que me impone la EPS. Entró a una IPS donde el endocrinólogo no tenía su historia clínica completa, donde su recorrido médico parecía no existir y donde la respuesta fue volver a empezar desde cero: repetir exámenes ya realizados, reenviarlo otra vez al programa de “peso sano” al que ha asistido cuatro veces, siempre con la misma conclusión de que no es candidato a cirugía bariátrica, siempre con la misma puerta cerrada a cualquier solución real. El tiempo, el dinero del bono, el transporte, la energía invertida, todo para escuchar el mismo mensaje maquillado de protocolo: vuelva a la fila, repita el ciclo, siga esperando.
En un país donde la vida se negocia entre papeles, muchos terminan pensando que es mejor acostarse a morirse en la casa. Porque en Colombia, si no lo mata a uno un sicario en la esquina, lo va matando lentamente la espera infinita de tratamientos que nunca llegan. Entre formularios, médicos que no miran a los ojos y comités que jamás conocen al paciente, el mensaje es nítido, el sistema no está diseñado para que usted sane, sino para que se canse. Y cuando un sistema de salud consigue que la gente se rinda, no necesita disparar un arma para producir muertos.
Colombia es un país que lo hace sentir a uno como un bollo de mierda. O tal vez, eso somos.
@felipeszarruk
