En todas partes del mundo la gente muere, pero en Colombia la muerte tiene firma, la de la bala barata, la vía destruida, la autorización médica que nunca llega o el policía que nunca aparece. No es el acto de morir lo que nos define como sociedad enferma, sino la forma en que lo permitimos, lo normalizamos y lo dejamos crecer como maleza en un baldío. En 2025, Medicina Legal cerró el año con 19.865 homicidios violentos —tasa nacional de 27,9 por cada 100.000 habitantes, un repunte del 5,3% frente al año anterior—, cifras que no son abstractas: 7.796 homicidios solo entre enero y julio, con Bogotá acumulando 584, Cali 511 y Barranquilla 239 en el mismo lapso. La impunidad agrava la herida, de 156 sicariatos reportados en la capital entre enero y mayo, apenas 16 terminaron en capturas, un 10% que demuestra cómo el Estado se rinde ante el plomo de los narcos y las bacrim.
Pero los homicidios directos son solo la cara visible de un país que mata por omisión. Las muertes violentas totales escalaron a 58 por cada 100.000 habitantes en 2025, un 4,2% más que en 2024, impulsadas por accidentes de tránsito que funcionan como verdugos cotidianos: cerca de 7.000 fallecidos anuales, muchos por negligencia vial flagrante —exceso de velocidad, invasión de carril, alcohol al volante, falta de señalización—. El homicidio culposo del artículo 109 del Código Penal y las lesiones del 120 se convierten en rutina, pero la responsabilidad objetiva de conductores y entidades estatales rara vez pasa de multas simbólicas o SOAT que pagan migajas a familias destrozadas. En carreteras terciarias, donde el 80% del pavimento está en estado crítico por falta de mantenimiento, cada choque es un crimen evitable que el Ministerio de Transporte y las concesionarias pasan por alto con informes maquillados y apelaciones eternas.
La Policía Nacional reportó 148.709 robos violentos en 2023 —826 al día—, tendencia que se mantuvo al alza en 2025, con miles de casos letales por resistencia o ejecución sumaria. En Bogotá, Puente Aranda vio un incremento del 154% en violencia intrafamiliar homicida, mientras Chapinero reportaba aumentos del 800% en secuestros express. Esos números no son estadísticas, son madres degolladas en su casa por parejas ebrias, taxistas baleados por $20.000, motochorros que rematan peatones por un celular. La respuesta estatal: patrullas insuficientes, cámaras que no graban, jueces saturados y una doctrina de seguridad ciudadana que prioriza fotos presidenciales sobre presencia real en barrios donde la muerte acecha a pie de calle.
Y la omisión más cruel llega del sistema de salud, ese agujero negro donde la burocracia asesina con papel y sello. Colombia registró 175.000 tutelas en salud durante 2024 —récord histórico, con picos del 135% mensual—, cifra que se sostuvo en 2025 con Medellín sola aportando 11.478 tutelas en 2024 y 2.241 solo en el primer trimestre de 2025 contra Nueva EPS por negaciones de medicamentos oncológicos, citas para diálisis o quimios interrumpidas. Se estima en 319 las muertes por negligencia de EPS en solo 14 meses entre 2021 y 2022; la tendencia persiste con pacientes renales muriendo en listas de espera, cánceres avanzando por autorizaciones de tres meses y UCI negadas en emergencias. El 90% de tutelas se ganan a favor del usuario, pero ¿qué cambia? Las EPS acumulan deudas de $32 billones con hospitales y farmacéuticas —el 73% en entidades intervenidas—, mientras el Estado transfiere recursos para tapar agujeros sin tocar la raíz: un modelo de intermediarios que prioriza balances sobre vidas.
Los accidentes por negligencia estatal multiplican la tragedia. En vías nacionales sin mantenimiento, donde el 80% de las terciarias son intransitables, los choques matan por falta de barreras, iluminación o ambulancias oportunas. La responsabilidad civil extracontractual existe en teoría —culpa presunta en actividades riesgosas—, pero en la práctica las aseguradoras apelan hasta la muerte civil del caso, dejando viudas peleando SOAT de $36 millones mientras el conductor culpable circula libre. En 2025, Bogotá reportó un 154% más de homicidios intrafamiliares en ciertas localidades, impulsados por alcohol y armas fáciles, con respuesta policial limitada a protocolos de tres días que se diluyen en la nada.
En Colombia, la muerte no es destino, es diseño. Homicidios por impunidad narco que deja al 92% de casos sin condena; robos letales por ausencia policial en el 70% de barrios vulnerables; accidentes viales por vías que matan 20 al día; tutelas de salud por EPS que niegan el 40% de medicamentos del POS en primera instancia. Todos evitable con inversión real, control efectivo y voluntad política. Pero elegimos la omisión, presupuestos desviados a clientelismo, policía en fotos más que en calles, EPS salvadas por transferencias mientras pacientes colapsan. Morir es universal; morir así es elección colectiva. Un país donde la muerte tiene el rostro de la negligencia que miramos de reojo, aplaudiendo reformas que nunca llegan. Acá nadie muere de viejo…
