La justicia desigual en Colombia: el caso de Epa Colombia frente a la impunidad de los corruptos
El sistema judicial colombiano se enfrenta a una crisis de legitimidad que se evidencia no solo en la lentitud o la burocracia, sino en la flagrante desigualdad con la que aplica la ley. El reciente caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como “Epa Colombia”, expone con crudeza esta disparidad que tiene al país cuestionando su sistema de justicia. Mientras Barrera ha sido objeto de sanciones ejemplares y una condena que despertó debate, fue la única condenada de miles que actuaron de la misma manera y muchos de los grandes corruptos del país caminan libres, impunes, amparados en redes de poder y complicidades institucionales.
En enero de 2019, tras las protestas nacionales que paralizaron varias ciudades del país, Daneidy Barrera, una influenciadora y empresaria, se volvió foco mediático por su participación en actos vandálicos, principalmente la destrucción de bienes públicos. La polémica detonó cuando se viralizaron videos en los que ella misma admitía haber causado daños en el Transmilenio de Bogotá.
La justicia actuó con rapidez y dureza. Epa Colombia fue imputada por los delitos de daño en bien ajeno, y posteriormente condenada a pagar una millonaria suma por reparación patrimonial, además de una pena privativa de libertad que cumplió en modalidad de casa por cárcel. Su caso fue emblemático, utilizado por el Estado y los medios para enviar un mensaje ejemplarizante frente al vandalismo.
Este caso genera una profunda reflexión: ¿qué tan equitativo es el sistema judicial colombiano? La respuesta es clara y contundente. Mientras Epa Colombia fue sancionada en cuestión de meses, otros casos de corrupción estructural, con millones de dólares desviados y con daños directos a la economía y a la ciudadanía, siguen impunes, demorándose años e incluso décadas sin resolverse.
El contraste entre la sanción rápida y mediática a figuras como Epa Colombia y la impunidad que gozan grandes casos de corrupción en Colombia es abismal. Por ejemplo, el escándalo de Odebrecht, que sacudió a toda América Latina, expuso una red de sobornos millonarios vinculada a funcionarios de alto nivel en Colombia. Aunque se han abierto investigaciones y algunas condenas menores se han dado, la mayoría de los implicados siguen libres o en procesos judiciales que avanzan a paso de tortuga. En 2021, Transparencia por Colombia señaló que el 92% de los procesos por corrupción en el país no llegan a sentencia condenatoria, reflejando un sistema judicial que falla en cerrar los casos con justicia efectiva.
Otro caso emblemático es el de Agro Ingreso Seguro (AIS), un programa estatal destinado a apoyar a los campesinos que terminó favoreciendo a políticos y empresarios con contratos millonarios que nunca se ejecutaron correctamente. Pese a que se denunciaron irregularidades desde 2011, la justicia ha avanzado muy poco y muchos de los responsables mantienen cargos públicos o gozan de plena libertad.
Asimismo, los llamados “carteles” de la contratación pública, como el cartel de la hemofilia o el cartel de las ambulancias, han ocasionado pérdidas millonarias para el Estado y han afectado gravemente la salud pública. Sin embargo, los procesos judiciales contra los involucrados han sido dilatados, con jueces recusados, procesos archivados y sentencias cuestionadas. Esto alimenta la percepción ciudadana de que la corrupción de cuello blanco queda impune.
Estos ejemplos evidencian que la justicia en Colombia actúa con dureza hacia delitos visibles y mediáticos, pero se paraliza o retarda cuando debe enfrentar casos de corrupción estructural que involucran a redes poderosas. Esta desigualdad no solo es un obstáculo para la democracia, sino que mina la confianza social en las instituciones y perpetúa un círculo vicioso de impunidad.
Lo que pone en evidencia el contraste entre el caso Epa Colombia y los grandes casos de corrupción es la persistente impunidad estructural. Los grandes ladrones del erario público cuentan con redes de protección que involucran a partidos políticos, entidades judiciales y medios de comunicación. Mientras tanto, cuando se trata de ciudadanos que cometen delitos visibles y mediáticos, la respuesta del sistema es inmediata, rígida y severa.
Esta disparidad profundiza la crisis de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Según el Latinobarómetro 2023, solo el 25% de los colombianos confía en la justicia, mientras que la mayoría percibe que el sistema judicial protege más a los poderosos que a la gente común. La condena a Epa Colombia es vista por muchos como un castigo simbólico que oculta la verdadera falta de sanción para los grandes corruptos.
El caso de Epa Colombia evidencia que el sistema judicial colombiano es selectivo y desproporcionado. Por un lado, castiga con severidad a quienes cometen delitos visibles y populares, y por otro, protege y demora los procesos contra quienes causan daños inmensos a la sociedad a través de la corrupción.
Mientras esta desigualdad persista, la justicia seguirá siendo una ilusión para la mayoría de los colombianos, y casos como el de Epa Colombia serán vistos más como un show mediático que como un ejemplo real de un sistema que funcione para todos.
La condena “salvaje” a Epa Colombia por un delito relativamente menor es una forma de “sacrificar” un caso visible para aparentar que la justicia funciona, mientras que los verdaderos casos de corrupción estructural, como los de Abudinen, quedan en la impunidad gracias a la protección de las élites y la debilidad institucional. Entonces sí, el sistema está corrupto, y la corrupción es el sistema. No hay separación real entre el poder económico, político y judicial, todo está entrelazado en un entramado que se protege a sí mismo. Mientras eso no cambie, la justicia seguirá siendo una farsa y Colombia un país de injusticias permanentes.
En Colombia, la justicia es una suerte de teatro donde el drama más visible recibe la condena más severa, mientras los verdaderos crímenes de corrupción estructural quedan envueltos en un manto de impunidad.
