No tardan en abrirse los portafolios de las convocatorias anuales, tanto desde el Ministerio de Cultura como desde las distintas ciudades; en el caso de Bogotá, a través de Idartes que ha venido actuando más como un curador que como un administrador de los bienes culturales públicos. Hoy queremos ir más allá y explicar las razones por las cuales las convocatorias anuales no están ni bien diseñadas ni bien gestionadas y, aunque se presentan como una oportunidad para el sector, en la práctica terminan perpetuando los mismos círculos de siempre, favoreciendo redes de amistad y cercanía dentro de la escena.
Mientras este sistema no incorpore jurados verdaderamente externos, no haga públicos y verificables los procesos de selección y no rinda cuentas claras sobre los criterios reales de evaluación, sencillamente no puede hablarse de transparencia. Las convocatorias, lejos de construir tejido cultural, han terminado funcionando como un mecanismo que reproduce desigualdades, limita la diversidad creativa y consolida un modelo cerrado que beneficia a quienes ya están dentro.
La convocatoria como mecanismo de control, no de fomento.
Aunque el discurso es “apoyo a la cultura”, en la práctica muchas convocatorias funcionan como filtros ideológicos y administrativos. No premian necesariamente el mejor proyecto, sino el que mejor se adapta al lenguaje institucional, al enfoque del momento y a la narrativa políticamente segura.
1 – Requisitos pensados para excluir a los independientes reales
Los requisitos administrativos (personería jurídica, experiencia certificada, contrapartidas, facturación previa, estados financieros) excluyen a quienes realmente hacen cultura desde abajo. El sistema favorece a organizaciones ya institucionalizadas, no a procesos vivos ni emergentes.
2 – Evaluadores desconectados de la escena real
Muchos jurados no participan activamente de la escena que evalúan. Vienen de la academia, la burocracia cultural o redes cerradas. Esto genera decisiones técnicamente “correctas” pero culturalmente desacertadas, premiando proyectos pulidos en papel pero irrelevantes en impacto.
3 – Simulación de meritocracia
El sistema se presenta como transparente y meritocrático, pero en la práctica reproduce círculos de poder: Los mismos ganadores, los mismos operadores, las mismas organizaciones rotando entre convocatorias. No siempre hay corrupción directa, pero sí endogamia cultural.
4 – Enfoque en el proyecto, no en el proceso
Las convocatorias financian eventos aislados, no procesos sostenidos. No les interesa la continuidad, la memoria ni la construcción de ecosistemas. El resultado es una cultura fragmentada, sin acumulación ni crecimiento real.
5 – Lenguaje técnico que anula el pensamiento crítico
El exceso de matrices, indicadores, productos, cronogramas y “resultados medibles” vacía de sentido político y cultural muchos proyectos. La cultura termina hablándole al Excel, no a la sociedad.
6 – Castigo y vetos implícitos a la disidencia
Proyectos incómodos, críticos o que cuestionan al propio Estado tienen menos posibilidades, aunque cumplan los requisitos. No hace falta censura explícita: basta con bajarles puntaje por “viabilidad”, “impacto” o “pertinencia”.
7 -Dependencia estructural del subsidio
El sistema no fortalece autonomía, la debilita. Muchos agentes culturales viven encadenados a convocatorias, adaptando su discurso cada año para sobrevivir. Eso mata identidad, riesgo y pensamiento propio.
8 – Centralismo disfrazado de descentralización
Aunque se habla de inclusión territorial, Bogotá y unos pocos nodos siguen concentrando recursos, visibilidad y decisión. Las regiones acceden a migajas o a convocatorias diseñadas desde lógicas urbanas que no las representan.
9 – Falta total de evaluación de impacto real
Casi nunca se evalúa qué pasó un año después del proyecto financiado. No se mide si fortaleció escena, si generó públicos, si dejó capacidades instaladas. La convocatoria se cierra, el informe se entrega y nadie vuelve a mirar.
Concluimos diciendo que el sistema de convocatorias culturales no está diseñado para fortalecer la cultura, sino para administrarla, regularla y hacerla gobernable. Premia la obediencia formal, castiga el riesgo, y convierte la creación en trámite.
El problema no es que existan convocatorias públicas, el problema es que se volvieron un sistema cerrado que simula democracia cultural. Año tras año se repiten las mismas quejas: jurados cuestionados por conflictos de interés, ganadores recurrentes que rotan entre convocatorias, criterios de evaluación opacos, proyectos rechazados sin justificación clara y recursos públicos asignados sin trazabilidad real. Cada cierto tiempo estalla un escándalo —filtraciones, denuncias internas, cartas públicas, tutelas, derechos de petición— y la respuesta institucional es siempre la misma: silencio administrativo, comunicados defensivos y una promesa de “mejoras” que nunca toca el núcleo del problema. Mientras no se rompa esa lógica, las convocatorias no serán un motor de las artes sino un mecanismo de control simbólico, donde el Estado decide qué es válido, qué es financiable y quién merece existir culturalmente. No estamos ante fallas aisladas, sino ante un modelo agotado que administra recursos sin construir escena, reparte estímulos sin generar autonomía y confunde política cultural con gestión de favores. Y mientras eso no se diga sin eufemismos, el problema no solo va a continuar, sino que se fortalece en su tecnología.
