En Colombia hablar de arte y cultura es hablar de un país que confunde apoyo con limosna y política cultural con espectáculo público. Mientras en otros lugares del mundo el arte se sostiene gracias al mecenazgo —ese modelo en el que la inversión privada o estatal apoya de forma directa, libre y sin condicionamientos ideológicos a los artistas— acá seguimos atascados en el barro de las convocatorias amañadas, los jurados repetidos y las fundaciones de cartón que viven del presupuesto cultural sin dejar huella alguna.
Mecenazgo no es una palabra nueva. Viene del nombre de Cayo Mecenas, aquel noble romano que financió a poetas como Virgilio y Horacio sin pedirles más que una cosa: crear. No los obligaba a pintar murales para el Senado, ni a dedicarle versos al emperador. Simplemente entendía que el arte era un bien público que debía existir para elevar el espíritu, no para adornar un evento. En esa idea se basan hoy países que entienden la cultura como una inversión social y no como un gasto.
En Francia, por ejemplo, el Estado ofrece exenciones tributarias a las empresas y particulares que apoyan proyectos artísticos, permitiendo que miles de creadores vivan de su trabajo sin tener que pasar por el filtro de jurados o concursos. En Irlanda, el gobierno aprobó una renta básica para artistas, reconociendo que la creación requiere tiempo y estabilidad, no hambre ni burocracia. En Canadá y Reino Unido, los consejos de arte funcionan bajo principios de independencia: los recursos se asignan con criterios técnicos, no políticos, y se valora la trayectoria más que el amiguismo.
En Colombia, en cambio, el artista debe convertirse en gestor, contador, redactor, videógrafo y, además, adulador. Tiene que competir cada año en un sistema de convocatorias donde el mérito pesa menos que el apellido o la red de contactos. Un sistema que se vende como democrático pero que en realidad reproduce el clientelismo cultural: los mismos ganadores, las mismas fundaciones, los mismos jurados. Un circuito cerrado donde se castiga la independencia y se premia la obediencia.
Un modelo de mecenazgo público y privado podría cambiar eso. Permitiría que empresas, ciudadanos o instituciones apoyen directamente a artistas con beneficios tributarios o con fondos transparentes, sin que un ministerio o una secretaría decidan quién merece crear. La clave del mecenazgo es la libertad del creador. Nadie dicta la línea estética o ideológica. No hay vetos, ni cuotas, ni listas de “beneficiarios oficiales”. El arte respira porque el apoyo llega por convicción, no por decreto.
Pero claro, para que eso funcione, hace falta lo que aquí no tenemos, confianza y transparencia. En Colombia, cualquier fondo para la cultura termina siendo un pozo oscuro. Los informes de la Contraloría y de la Procuraduría han evidenciado durante años irregularidades en la contratación cultural: sobrecostos, fundaciones fantasmas, proyectos inventados, jurados que fallan a favor de sus amigos o de las entidades que luego los contratan. El país tiene leyes culturales, pero no tiene ética cultural.
Y ahí está el corazón del problema: la corrupción en las artes no se ha erradicado porque ya se normalizó. Porque el sistema cultural colombiano no está diseñado para crear, sino para repartir. Las entidades públicas operan como agencias de favores, y los artistas, agotados por la precariedad, terminan cediendo ante ese juego para sobrevivir. Quien no entra, se queda fuera del circuito; quien se rebela, se gana el veto. Así, la cultura termina sirviendo a la política y no al arte.
El mecenazgo podría romper ese círculo. Pero requeriría una voluntad política real, leyes que incentiven la inversión privada en cultura, plataformas transparentes que registren las donaciones y un compromiso ético de los artistas para no prostituir su independencia por un contrato. En países como España o Chile, ya se han impulsado proyectos de ley de mecenazgo cultural; en México, el programa EFICINE permite deducir impuestos a quienes invierten en cine nacional. Es posible, funciona, pero aquí sigue siendo utopía.
Colombia no necesita más convocatorias ni ferias culturales llenas de discursos vacíos. Necesita un modelo de mecenazgo honesto, donde los recursos fluyan directamente a quienes producen cultura sin intermediarios políticos. Donde el artista no tenga que mendigar ni disfrazar su proyecto para encajar en la narrativa del gobierno de turno. Donde el creador tenga lo mínimo indispensable: tiempo, comida, techo, dignidad. Porque con hambre no se crea, y con corrupción no florece nada.
Mientras tanto, seguiremos viendo cómo las alcaldías premian el ruido, cómo los jurados se aplauden entre sí, y cómo el verdadero arte sobrevive fuera de los presupuestos oficiales. El día que Colombia entienda que un mecenas vale más que un funcionario, que una inversión libre en arte puede generar más país que cien eventos de cartón, ese día empezaremos a hablar de cultura en serio.
El permiso para crear: cuando el arte necesita autorización del Estado
Hasta para crear hay que pedir permiso. El país que invita a “emprender”, a “innovar en cultura” y a “ser gestor del cambio”, es el mismo que levanta murallas de trámites, convocatorias cerradas y filtros burocráticos que terminan convirtiendo la creación en un acto administrativo. El ejemplo más claro es el programa CoCrea, ese incentivo fiscal que promete a las empresas deducir hasta el 165% de sus aportes a proyectos culturales. Una idea brillante en el papel: estimular el mecenazgo privado, fomentar la inversión en arte y hacer que el sector empresarial se convierta en aliado de la cultura. Pero en la práctica, el sistema se volvió un laberinto de exclusión.
Para acceder al beneficio, el proyecto artístico debe pasar por una convocatoria, ser aprobado por un comité y cumplir con un número absurdo de requisitos técnicos, financieros y jurídicos que no tienen nada que ver con la creación. En otras palabras, el gobierno decide a quién se le permite inspirar confianza fiscal y a quién no. ¿Por qué un incentivo que supuestamente busca democratizar el acceso termina dependiendo de un permiso estatal? ¿Por qué el mecenazgo debe pasar por ventanilla?
El espíritu del mecenazgo es la libertad, no la autorización. En países donde este modelo funciona —Francia, Irlanda, España, Canadá— el beneficio tributario es automático: cualquier empresa puede apoyar a un artista, colectivo o fundación y deducirlo de sus impuestos, siempre que haya transparencia y comprobación del gasto. No hay que concursar, no hay que enviar carpetas de cien páginas ni esperar seis meses a que un comité decida si un proyecto “vale la pena”. Se confía en la sociedad civil. Aquí, en cambio, el Estado trata al artista como sospechoso y al mecenas como potencial delincuente.
Esa desconfianza estructural tiene consecuencias profundas. Por un lado, solo las grandes organizaciones con capacidad contable, jurídica y técnica logran postularse; por otro, los creadores independientes quedan fuera del sistema, relegados al margen de las políticas culturales. El resultado: los mismos de siempre recibiendo los estímulos, las mismas fundaciones cercanas al poder acumulando beneficios, y un modelo que se presenta como “abierto” pero que en realidad reproduce la lógica del privilegio.
El problema es más profundo que un trámite. Colombia insiste en manejar las fundaciones culturales y artísticas como si fueran empresas de chocolatinas o laboratorios farmacéuticos, sujetas a los mismos requisitos, certificaciones, códigos CIIU, regímenes tributarios y balances que ahogan al gestor en papeles. Se le exige al creador un modelo de sostenibilidad financiera, pero no se le garantiza la sostenibilidad vital. El Estado confunde “gestión cultural” con “empresa”, y el arte con “producto”.
El discurso del emprendimiento cultural, tan repetido en foros y ministerios, se vuelve una paradoja cruel: se motiva al artista a formalizarse, a crear empresa, a registrar marca, a pagar impuestos, pero se le niega la posibilidad de acceder fácilmente a los incentivos o deducciones que harían viable esa formalización. En resumen, se le invita a saltar sin red.
Un país verdaderamente comprometido con su cultura no debería exigirle al creador una estructura empresarial para poder existir. Debería ofrecer un marco flexible, proporcional y humano. El incentivo de CoCrea, en lugar de ser una carrera de obstáculos, debería ser un derecho universal de deducción para cualquier inversión cultural verificable: sin convocatorias, sin comités, sin permisos arbitrarios. Si una empresa quiere financiar una residencia artística, un proyecto comunitario, una exposición o una gira, debería poder hacerlo directamente, con control posterior, no con filtro previo.
El Estado debe ser garante, no portero. Debe regular, no bloquear. Pero en Colombia la lógica es inversa: se invita a crear y luego se castiga al que intenta hacerlo. Por eso la mayoría de los artistas y gestores terminan desistiendo o trabajando desde la informalidad. No porque no quieran formalizarse, sino porque el sistema está diseñado para expulsarlos.
Y mientras tanto, se sigue repitiendo la farsa del “emprendimiento cultural” en discursos ministeriales y ferias de innovación. Se habla de talento, de creatividad, de economía naranja, pero se ignora que ningún creador puede sostener su práctica si cada trámite le exige ser abogado, contador y experto en contratación pública. Lo más irónico es que el propio gobierno —el que predica la importancia de los oficios culturales— es quien más dificulta su supervivencia.
Colombia podría aprender del modelo francés de mecenazgo, donde toda empresa puede donar hasta el 0,5% de su facturación al arte y deducirlo del impuesto de renta. O del canadiense, que ofrece créditos fiscales directos al donante sin mediación estatal. Aquí, en cambio, seguimos atrapados en un sistema paternalista donde el artista debe demostrar que “merece” el apoyo.
La pregunta es simple: ¿por qué el Estado debe decidir quién puede ser financiado y quién no? ¿Por qué el derecho a crear depende del favor de un comité? ¿Por qué un incentivo fiscal pensado para todos termina concentrado en unos pocos? La respuesta es tan obvia como incómoda: porque el poder teme perder el control del discurso. Porque un arte libre, financiado sin tutela estatal, es un arte que no se arrodilla.
Colombia no necesita más convocatorias, necesita confianza. No necesita más ministerios de marketing, sino una estructura cultural que entienda que el arte no es un trámite. Mientras el gobierno siga exigiendo permiso para crear, seguirá asesinando lentamente aquello que dice proteger.
En Colombia, el incentivo fiscal que busca estimular la inversión privada en cultura —el mecanismo de deducción del 165 % por medio de la Convocatoria CoCrea— representa una promesa que a medias avanza, pero cuyo diseño contiene obstáculos estructurales que terminan por asfixiar la creación. En teoría, cualquier empresa que aporta a proyectos avalados por CoCrea puede deducir de su impuesto de renta hasta el 165 % del monto donado. En práctica, el proceso para que un artista, colectivo o gestor pueda beneficiarse de ese aporte es tan complejo, tan lleno de requisitos, que muchos se quedan en el intento.
Según los datos oficiales de CoCrea para 2025, la convocatoria cerró el pasado 19 de septiembre con 1.179 proyectos postulados, y el cupo fiscal inicial se agotó en seis meses, alcanzando más de $585 mil millones de pesos destinados al beneficio tributario. El cupo fiscal para la vigencia 2025 se fijó en $315.483.756.757, según los términos divulgados por la entidad. Y aunque estas cifras podrían parecer una señal de que algo avanza, también revelan que el modelo produce una competencia feroz, una carrera por cumplir los requisitos, y excluye a quienes no tienen la capacidad técnica o jurídica de hacerlo.
Las denuncias no se hacen esperar: una investigación de la Agencia de Periodismo Investigativo señala que los proyectos vinculados a la economía naranja enfrentan “requisitos excesivos, falta de claridad y trámites que favorecen a algunos” y que “los resultados de las convocatorias terminan en manos de los mismos”. Esto es justo lo que algunos creadores y gestores viven en carne propia: un sistema que exige profesionalización, formalidad, papelería, avales, balances, y al mismo tiempo les dice que emprendan como si la creación fuera siempre negocio.
Para un artista independiente, el proceso puede comenzar con la búsqueda de un aportante identificado, documentar la donación o inversión, cumplir los criterios exigidos por CoCrea, esperar la evaluación, subsanar requisitos, formalizar contratos, reportar la ejecución del proyecto y luego esperar que todo quede registrado para que la empresa mecenas aplique la deducción. El documento de “Términos de Referencia” de CoCrea lo deja claro: el monto mínimo de inversión o donación para los proyectos en 2025 es de $78.000.000 COP, y el monto máximo puede llegar hasta los $5.000.000.000 COP (o hasta $80.000.000.000 COP en infraestructura cultural). En otras palabras: si no tienes una organización constituida, con contabilidad, estructura formal, difícilmente cumplas con esos mínimos. Y ese es justamente el cuello de botella para muchos creadores que no tienen esa capacidad.
El Estado gana con este modelo, pero también impone la llave de la creación. Al exigir que el incentivo pase por convocatorias, por aval, por cumplimiento técnico, se convierte en filtro. Y ese filtro termina beneficiando a quienes ya tienen redes, aliados, puente institucional. ¿Por qué no abrir ese incentivo para todos los que invierten en cultura, sin filtro previo, sólo con control posterior? Eso rompería la dependencia del favor, pero al mismo tiempo requiere que el Estado deje de querer controlar la creación.
El incentivo es valioso, pero el mecanismo equivocado. Una deducción del 165 % debería liberar el patrocinio cultural privado, no encorsetarlo. Debería permitir que una empresa quiera apoyar a un colectivo, un artista emergente, un proyecto local, y simplemente lo pueda hacer con transparencia y luego reportarlo, sin que deba esperar un trámite de meses, ni competir contra medianas y grandes organizaciones con recursos para postular. Esa igualdad de acceso es clave para que el modelo de mecenazgo no se convierta en otro espacio de clientelismo.
Mientras tanto, el ecosistema cultural colombiano sigue atado al mecanismo de las convocatorias, los jurados, las fundaciones que saben moverse, los trámites que sólo entienden los expertos. El incentivo CoCrea existe, pero muchas veces es inaccesible. Y ahí radica la contradicción: querer estimular la cultura mientras se planta un modelo excluyente.
El día que el gobierno decida que la libertad del creador no dependa de su capacidad para enfrentar burocracia, que el aporte privado se transformó en mecenazgo libre y no en permiso, que los plazos y requisitos no sean muros sino puentes, entonces estaremos hablando de una política cultural de verdad. Hasta entonces, el arte seguirá viviendo bajo llave, y el incentivo seguirá siendo privilegio de pocos.
En Colombia la ley no aplica para las artes
En este país todos saben cómo funciona: se habla de cultura, se hacen foros, se lanzan convocatorias con nombres rimbombantes y se entregan premios a los mismos de siempre. Todo el mundo sabe que hay corrupción, que hay círculos cerrados, que hay jurados que reparten la plata como si fuera suya y fundaciones que sobreviven del mismo ciclo de favores. Nadie lo ignora. Pero a diferencia de otros sectores, aquí la ley no se aplica. En el arte no hay sanciones, no hay castigos, no hay control. Lo que en cualquier otro campo sería un delito o un acto de corrupción, en las artes se disfraza de gestión cultural.
El sector cultural colombiano se mueve en la impunidad. No hay entes de control que auditen de verdad los fondos culturales, no hay sanciones ejemplares por manipular convocatorias o inflar contratos, no hay seguimiento a los jurados ni a los proyectos que nunca se ejecutan del todo. El dinero público pasa de mano en mano mientras el artista de base, el que trabaja solo o desde una pequeña fundación, ni se entera de que existía una oportunidad. Lo peor es que la mayoría de los involucrados lo sabe y calla, porque denunciar significa quedar por fuera de ese circuito. En la práctica, se castiga al que habla y se premia al que se acomoda.
Las leyes culturales existen: la Ley de Espectáculos Públicos, la de Oficios Culturales, la de Economía Naranja, el incentivo CoCrea… pero ninguna se aplica con la rigurosidad de una política de Estado. Son leyes que se quedan en el papel, que sirven para discursos o ruedas de prensa, pero no transforman nada. En teoría, el dinero está destinado al fortalecimiento del sector; en la realidad, termina en bolsillos o proyectos fantasmas que nadie revisa. Es el mismo país donde se roban los hospitales y las carreteras, solo que en este caso el robo se disfraza de arte.
El problema no es solo de corrupción, sino de mentalidad. En Colombia el arte no se toma en serio. Nadie cree que sea un trabajo real, y por eso todo lo que pasa dentro del sector se percibe como “algo menor”. Si un político se roba dinero de infraestructura hay escándalo nacional; si una fundación cultural manipula convocatorias o cobra dos veces por el mismo proyecto, no pasa nada. La gente lo asume como parte del paisaje. Las entidades públicas lo saben, los artistas también, pero el país prefiere mirar para otro lado.
El Estado exige formalidad, pide balances, exige estructura, pero entrega los recursos a los que ya están dentro del sistema. Quien intenta entrar se estrella contra los trámites, los costos y los requisitos imposibles. No hay políticas que reconozcan al creador como trabajador cultural, no hay control efectivo del destino del dinero, no hay auditorías que funcionen. Es un sistema diseñado para protegerse a sí mismo.
Y cuando aparecen los casos de corrupción, cuando se denuncian los favoritismos, el resultado es el mismo: silencio. Nadie investiga, nadie cae, nadie devuelve un peso. Los organismos de control miran hacia otro lado, los políticos se lavan las manos y los artistas continúan en la precariedad. Es un círculo vicioso donde la impunidad es norma.
Mientras tanto, el discurso oficial habla de “industria creativa”, de “economía naranja”, de “innovación cultural”, como si la cultura fuera un negocio y no un bien público. Pero ni siquiera en ese marco económico se aplican las reglas del juego: las fundaciones artísticas se tratan como si fueran fábricas de chocolatinas, sometidas a los mismos impuestos y requisitos comerciales, aunque su razón de ser sea completamente distinta.
La consecuencia es clara: los verdaderos creadores terminan agotados, fuera del sistema o emigrando. Y los que se quedan, los que aprenden a moverse entre las redes de favores, sobreviven a punta de convocatorias amañadas. No es falta de talento, es falta de justicia. No hay Estado que se tome en serio la cultura si permite que su propio dinero se pierda entre la desidia y la trampa.
La solución no pasa por nuevas leyes, sino por aplicar las que ya existen. Por auditar de verdad, por exigir resultados, por entender que la corrupción cultural es tan grave como la de cualquier otro sector. Porque robarle a la salud es criminal, pero robarle al arte también: es robarle al pensamiento, a la memoria y a la posibilidad de un país menos mediocre.
En Colombia la cultura no tiene solo un problema de fondos, tiene un problema de credibilidad. Se habla de convocatorias, estímulos, festivales, pero lo que ocurre detrás es tan viejo como claro: los recursos públicos, los espacios de deliberación artística, los programas de estímulo se convierten en redes cerradas, en favores, en contratos familiares. Ejemplos sobran. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, ha sido objeto de investigaciones por no pago a miles de músicos y compositores; según reportes, más de siete mil compositores no recibían sus regalías porque la entidad enfrentaba un embargo por más de veinte mil millones de pesos debido a irregularidades contractuales.
También SAYCO tuvo su personería suspendida durante un mes tras comprobarse veintiún cargos por irregularidades administrativas. Eso muestra que cuando el dinero del arte se convierte en ingreso de unos pocos, el arte realmente se hunde.
Pero no es solo SAYCO. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha sido señalado por sobrecostos de hasta el 500% en la remodelación de teatros como el de San Jorge y El Parque en Bogotá. En uno de los informes, se menciona que un único contratista habría recibido más de 21.000 millones de pesos en cuatro años para convenios de asociación, concentrando poder y recursos que deberían distribuirse equitativamente. subterranica.com Y mientras los procesos de contratación se dilatan, muchos artistas independientes se quedan al margen, sin acceso equitativo a los estímulos. El festival Rock al Parque, aunque es un espacio de altísima visibilidad, también reproduce dinámicas de acceso restringido: las convocatorias establecen requisitos como repertorio original mínimo, experiencia comprobable en varios años, lo que cierra la puerta para muchos creadores emergentes. infobae+1 Así, lo que podría ser una plataforma de democratización del arte termina reforzando la élite de los que ya tienen soporte institucional.
En el caso de las bienales de artes, como la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 en Bogotá, se define que la ciudad “quiere impulsar la economía” a través del arte, pero el discurso queda flotando cuando no hay mecanismos reales de transparencia en los procesos de selección, de distribución de recursos ni de acceso para artistas de territorios menos favorecidos. Así, la práctica torna a convertirse en espectáculo, más que en política cultural profunda.
La lógica es clara: convocatorias, estímulos y festivales funcionarían bien si operaran bajo principios de transparencia, profesionalización y equidad; el problema es que en Colombia siguen siendo instrumentos del clientelismo cultural. En un sistema así, los jurados se reciclan entre fundaciones que conocen a los oferentes, las fundaciones se constituyen como pequeños negocios sin rendir cuentas, los requisitos burocráticos favorecen a quienes ya están dentro del circuito y no a quienes recién comienzan. Se exige profesionalización para entrar, pero se niega el apoyo para profesionalizarse.
¿Qué hacer entonces? Primero, aplicar la ley que ya existe y establecer mecanismos de control externo real. Auditar proyectos culturales de modo sistemático, aplicar sanciones ejemplares cuando haya sobrecostos o favoritismos, y no tolerar la impunidad. Segundo, reformar los procesos de contratación para los festivales y bienales: que los jurados sean independientes, rotativos, públicos sus nombres, criterios claros y abiertos, los resultados con informes de impacto conversados con la comunidad artística. Tercero, avanzar hacia un modelo de mecenazgo libre que complemente las convocatorias: permitir que empresas y particulares inviertan en el arte sin que el filtro inicial sea insuperable, con incentivos fiscales para apoyar creadores sin que tengan que pasar por 100 trámites, permitiendo que los recursos fluyan de manera transparente y directa. Cuarto, reconocer al artista, al gestor, al curador como profesionales: que tengan acceso a seguridad social, formación, redes, no solo subvenciones esporádicas. Finalmente, descentralizar: no sólo Bogotá debe tener la infraestructura, los estímulos y los festivales; los territorios deben tener acceso real, sin que cada convocatoria se convierta en un privilegio de la capital.
La cultura no es un lujo, es parte del desarrollo de un país. Si no corregimos estos circuitos podridos —las cadenas de favores, el clientelismo, los sobres y los contratos que nunca se justifican— seguiremos celebrando festivales grandiosos en fotos, pero dejando morir el talento real de quienes no tienen padrino. El arte merece más que un cartel y una fecha: merece una estructura que lo sostenga, no lo use. Y mientras no asumamos eso, la corrupción seguirá riendo y el artista seguirá pidiendo migajas.
En otros países el mecenazgo no es una fantasía, es política pública. Francia, por ejemplo, mantiene un sistema mixto donde el Estado y la empresa privada comparten la responsabilidad del sostenimiento cultural: cada donación al arte tiene deducciones fiscales reales, no simbólicas, y el Ministerio de Cultura supervisa la transparencia de los fondos con criterios claros, no con palancas. Irlanda, con su renta básica para artistas, demostró que invertir directamente en la creación —sin intermediarios ni concursos— multiplica el impacto cultural y económico. Canadá, por su parte, combina incentivos tributarios con apoyo estructural a colectivos y comunidades artísticas, priorizando la diversidad y la autonomía creativa. En todos esos modelos hay una convicción simple: el arte no necesita permiso para existir, necesita condiciones para sostenerse.
En Colombia, en cambio, parecería que ser artista es un pecado administrativo. Cada trámite se vuelve un laberinto, cada proyecto un viacrucis, y cada intento por formalizarse se estrella contra una pared de formularios y tecnicismos absurdos. No se trata de pedir privilegios, sino de exigir lógica: una fundación cultural no puede ser tratada igual que una fábrica de chocolatinas, ni una empresa artística como una farmacéutica. La creación no se mide en inventarios ni en toneladas; se mide en tiempo, sensibilidad, comunidad, pensamiento. Y eso debería entenderlo cualquier funcionario que decida sobre el futuro cultural del país.
Porque el artista no es un soñador al que hay que tolerarle el hambre, es un trabajador que produce valor simbólico, social y económico. Lo que crea no es un capricho, es patrimonio. Pero en los tiempos actuales, en realidad, nadie es artista del todo: todos son gestores de su propia supervivencia, promotores de sí mismos, productores, contadores, estrategas de redes. El arte se ha vuelto un acto de resistencia contra la precariedad. En Colombia, más que crear, el artista sobrevive. Y mientras la creación siga dependiendo del favor político, del formulario o del amigo en el jurado, no habrá arte libre ni país que lo merezca.
