Tutela, derecho de petición y Defensoría: la gran traición a la ciudadanía
En Colombia, los mecanismos de defensa ciudadana -la tutela, el derecho de petición y la Defensoría del Pueblo- fueron concebidos como herramientas para proteger los derechos fundamentales y garantizar la equidad ante el poder, pero la realidad es mucho más sombría… lejos de ser un escudo para los vulnerables, estos instrumentos han sido cooptados y pervertidos por la corrupción, la politización y la inercia institucional y el resultado es un sistema que en la práctica traiciona a quienes más lo necesitan y perpetúa la impunidad de quienes detentan poder o dinero, pero es culpa de nosotros los ingenuos ciudadanos, es como esperar que Hitler hubiera colocado una oficina de defensa para los judíos en la segunda guerra mundial, es Estado colombiano jamás va a perder, mientras que el ciudadano es tratado como perro.
Tutela: de esperanza democrática a escenario de corrupción y colapso
La acción de tutela, creada como un mecanismo expedito para proteger derechos fundamentales, es hoy un reflejo de la crisis de la justicia colombiana. Si bien existen fallos paradigmáticos que han salvaguardado derechos, el sistema está minado por prácticas corruptas y clientelistas. El escándalo de las tutelas contra Telecom, que ya suma más de 120 mil millones de pesos en pagos y embargos, ilustra cómo abogados y jueces han convertido este mecanismo en una fuente de enriquecimiento ilícito, mediante decisiones judiciales que favorecen intereses particulares y no el bien común.
Este fenómeno no es aislado. El “cartel de la toga” reveló cómo magistrados de las más altas cortes vendieron decisiones judiciales a políticos y empresarios, distorsionando el sentido mismo de la justicia. La corrupción en el sector judicial no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que tiene un impacto directo en el desarrollo económico y social del país. Cuando la tutela se convierte en un negocio, el ciudadano común queda relegado: los procesos se dilatan, las decisiones se negocian y la justicia se convierte en una moneda de cambio.
Y eso hablando de empresas y denuncias muy graves, pero vámonos a lo sencillo, por ejemplo las miles de tutelas contra las EPS que nunca fructifican y que cuando lo hacen la EPS desacata y en el recurso el ciudadano siempre pierde, así mismo con los bancos, con todos los abusos que a diario vivimos los colombianos, dicho de una manera directa, Colombia es un país corrupto y siempre lo será, está diseñado para que el humilde siempre pierda y el deshonesto gane holgadamente. Así ha sido desde el inicio, desde la patria boba
Derecho de petición: el derecho más vulnerado y menos protegido
El derecho de petición, consagrado como la vía básica para que el ciudadano obtenga respuestas de la administración, es paradójicamente el derecho más vulnerado en Colombia. En 2024, el 47% de las acciones judiciales por derechos fundamentales correspondieron a peticiones no contestadas o respondidas de manera evasiva. El silencio administrativo, lejos de ser una excepción, es la norma: la falta de respuesta se ha institucionalizado como estrategia de desgaste y exclusión.
La Corte Constitucional ha reiterado que la falta de respuesta o la evasión de fondo constituye una vulneración grave del derecho de petición. Sin embargo, la ausencia de sanciones efectivas perpetúa la negligencia estatal. El ciudadano, obligado a recurrir a la tutela para obtener una simple contestación, se enfrenta a un sistema que premia la inacción y castiga la persistencia. Esta lógica fomenta una cultura de impunidad y desconfianza, donde la administración pública se blinda tras la burocracia y la indiferencia.
Defensoría del Pueblo: politización, clientelismo y escándalos de corrupción
La Defensoría del Pueblo, institución creada para ser la voz de los sin voz, ha sido gravemente afectada por la politización y el clientelismo. Bajo la administración de Carlos Camargo, la entidad fue denunciada por irregularidades en la contratación, nombramientos de personas sin experiencia y presuntos vínculos con escándalos de corrupción y paramilitarismo. Investigaciones periodísticas y denuncias formales han documentado desvío de recursos, espionaje interno y utilización de la entidad para favorecer intereses políticos y personales.
En vez de ser un bastión de defensa de los derechos humanos, la Defensoría ha caído en prácticas que contradicen su misión: persecución a funcionarios incómodos, contratos a dedo y desvío de recursos públicos. La consecuencia es devastadora: los ciudadanos más vulnerables, que deberían encontrar protección y apoyo, se enfrentan a una institución cooptada por intereses ajenos a su mandato.
El acceso a la justicia para los denunciantes de corrupción es, en la práctica, una carrera de obstáculos. Aunque la ley reconoce mecanismos de protección, la efectividad de la vía judicial es limitada y los riesgos personales son altos. Los denunciantes enfrentan represalias, despidos, acoso y amenazas, mientras que los procesos judiciales avanzan con lentitud y escasa garantía de imparcialidad. La falta de protección real desincentiva la denuncia y perpetúa el ciclo de corrupción e impunidad, el que denuncia es vetado, silenciado y muchas veces asesinado.
El Estado reconoce su fracaso: la Corte Constitucional y la protección de líderes sociales
La Corte Constitucional ha sido categórica: el Estado colombiano ha fracasado en la protección de los derechos fundamentales, especialmente de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La declaración del Estado de Cosas Inconstitucionales evidencia la incapacidad institucional y presupuestal para garantizar la seguridad y la vida de quienes desafían el poder. El tribunal ha exigido una actuación coordinada y decidida, pero la inercia y la negligencia siguen siendo la respuesta dominante.
El drama de los mecanismos de defensa ciudadana en Colombia no es solo un problema de leyes mal diseñadas o funcionarios incompetentes. Es el reflejo de una cultura política donde la corrupción, el clientelismo y la impunidad han capturado las instituciones llamadas a proteger al ciudadano. El resultado es un sistema que simula proteger, pero en realidad traiciona; que promete justicia, pero entrega privilegios; que habla de derechos, pero garantiza silencios.
Parece que esto nunca va a cambiar, va en nuestra naturaleza, es inherente a Colombia.-No basta con discursos ni reformas cosméticas. Es necesario despolitizar, profesionalizar y blindar los mecanismos de defensa ciudadana, dotarlos de recursos, independencia y sanciones efectivas-. De lo contrario, la tutela, el derecho de petición y la Defensoría del Pueblo seguirán siendo monumentos a la traición institucional, recordatorios amargos de que, en Colombia, la justicia y la protección ciudadana siguen siendo privilegios y no derechos.
¿Pero la pregunta es… a quien le conviene esto?
La realidad de los mecanismos de defensa ciudadana en Colombia no es producto del azar ni de fallas circunstanciales, es el resultado de un sistema cuidadosamente diseñado para perpetuar la desigualdad, la corrupción y la impunidad. La tutela, el derecho de petición y la Defensoría del Pueblo no fallan por accidente, sino porque operan en un entramado institucional donde el poder y el dinero siempre encuentran atajos, y donde el ciudadano común es apenas un espectador impotente. La justicia en Colombia es, en esencia, un instrumento al servicio de quienes la controlan, y las excepciones solo confirman la regla. No se trata de esperar cambios ni de abrigar falsas esperanzas; en un país construido para proteger privilegios y castigar la honestidad, la corrupción judicial no es una anomalía, sino la norma inevitable de un Estado que nunca fue pensado para servir a su gente.
